Iniciando el 1 de enero de 2025, se implementa una modificación en la prisión preventiva automática en México, un cambio que ha resonado con fuerza, generando críticas intensas por parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH). Este ajuste, lejos de ser un simple cambio administrativo, plantea profundas cuestiones sobre derechos humanos y justicia tanto en el ámbito nacional como internacional.
Explorando los Detalles de la Modificación
La nueva modificación amplia notablemente la lista de delitos que conllevan prisión preventiva automática. Entre ellos, ahora se incluyen la extorsión, la implicación ilegal con sustancias como el fentanilo y otras drogas sintéticas, junto con la utilización de facturas falsas. Este cambio ha generado un amplio debate sobre su impacto en el sistema de justicia penal mexicano.
La Voz de la ONU-DH: Una Crítica Resuelta
Desde la perspectiva de la ONU-DH, la prisión preventiva automática debería ser eliminada. Este organismo se mantiene firme en su posición de que tal práctica contradice los derechos humanos fundamentales. Para la ONU, encarcelar a individuos automáticamente, sin pruebas concluyentes o la confirmación de que representan un peligro, se equipara a una detención arbitraria. Esto llama a una reflexión profunda sobre las implicaciones éticas y legales de dicha normatividad.
Perspectiva del Alto Comisionado: Un Llamado a la Reflexión
Volker Turk, alto representante de la ONU para los Derechos Humanos, ha sido claro al manifestar que las políticas de encarcelamiento no constituyen una solución adecuada. Subraya la necesidad de alejarse de estas prácticas, no solo en México, sino a nivel mundial. Su llamado resuena con una creciente preocupación sobre la efectividad y equidad de los métodos tradicionales de detención.
Proceso de Justificación y Adaptación
El Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días, comenzando el 1 de enero de 2025, para ajustar el marco legal conforme a lo establecido en este decreto. Asimismo, las legislaturas estatales están obligadas a adaptar sus normativas necesarias dentro de un periodo de 365 días desde la publicación del decreto. Este proceso de adaptación no solo es una cuestión legislativa, sino un ejercicio en la reconciliación de las leyes con los principios universales de justicia e igualdad.
Estas transformaciones no solo reconfiguran el panorama legal en México, sino que también alimentan una discusión más amplia sobre la justicia y derechos humanos en el siglo XXI. ¿Cómo será el camino a seguir? Solo el tiempo y el esfuerzo coordinado de diversos actores podrán definirlo.